Nueva denuncia de María Fernanda Cabal agita el Congreso: acusa a Petro de omisión en crisis del Catatumbo
Una nueva tormenta política se desata en Colombia. La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, presentó este jueves una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, solicitando un juicio por indignidad contra el presidente Gustavo Petro. La parlamentaria señala que el mandatario habría incurrido en omisiones graves durante la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por la violencia armada en el país.
Cabal argumenta que el presidente incumplió con sus deberes constitucionales al no responder oportunamente a las alertas emitidas desde noviembre de 2024 por la Defensoría del Pueblo y otros organismos sobre el deterioro del orden público. La denuncia señala una violación a los artículos 2 y 189 de la Constitución, que obligan al jefe de Estado a proteger a la ciudadanía y garantizar el orden en todo el territorio nacional.
Durante el periodo señalado, más de 53.000 personas fueron desplazadas forzosamente, se registraron más de 100 homicidios —incluidos líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz— y al menos 25.000 personas permanecieron en situación de confinamiento. Lo que más ha encendido la controversia es que esta crisis coincidió con una visita oficial del presidente Petro y su ministro de Defensa a Haití. Para la senadora, esta decisión representa un “abandono del territorio en medio de una emergencia nacional”.
Además, la denuncia incluye una acusación adicional: la supuesta publicación de información clasificada a través de redes sociales oficiales del gobierno, lo que, según Cabal, podría encajar en el delito de espionaje conforme al artículo 463 del Código Penal colombiano.
La senadora sostiene que los actos y omisiones del presidente no solo constituyen un incumplimiento del deber presidencial, sino que también podrían configurar delitos graves como traición a la patria, prevaricato por omisión y espionaje. Por ello, ha solicitado que se inicie una investigación penal y disciplinaria, y que se evalúe la procedencia de un juicio de responsabilidad política por indignidad, conforme a la normativa constitucional.
Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a esta denuncia. Mientras tanto, el caso se perfila como un nuevo foco de tensión en el Congreso, donde la Comisión de Acusaciones deberá decidir en los próximos días si admite el proceso. En un clima político ya polarizado, el tema podría escalar rápidamente en la agenda pública nacional.
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