23 Usuarios de Air-e citados a la Fiscalía por robo de energía

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Fermín De la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e

Como parte de las acciones contra el robo de energía, la Fiscalía General de la Nación citó a 23 usuarios sindicados del delito de Defraudación de Fluidos. Estos usuarios fueron identificados por Air-e en el marco del plan contra el robo de energía, realizado en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General. El perjuicio económico varía entre los usuarios, oscilando entre 300 mil y 450 millones de pesos.

Se trata de usuarios residenciales de diferentes estratos socioeconómicos, así como de algunos establecimientos comerciales, que obtenían energía de manera ilegal. En el proceso se ha comprobado que estas prácticas delictivas les permitían evadir el pago real del consumo de energía.

En el departamento del Atlántico han sido citados inicialmente 11 usuarios, mientras que en Magdalena se citaron a 12. En los próximos días se darán a conocer los usuarios citados en La Guajira, se presenta el listado de los usuarios citados:

En Atlántico. Ramón Fontalvo, Juan Villalobos, Juan Carlos Bacareo, Jairo Escorcia y los representantes legales de Billares Malibú, Billares Yoyo y Discoteca Bar Club, entre otros.

En Magdalena: Alexander Villar, David José Acosta Salazar, Efraín Jiménez Campo, Iván Augusto Rivera Quintero, Lorey Carolina Escobar Guerra, Maria Galera Díaz, Melgrey Pérez Gutierrez, Roberto Carlos Garcia Santiago, Roy Emerson Fontalvo Martinez, Ciro Alfonso Sánchez y los representantes legales de Billares Mamatoco y Sativa Nativa SAS.

Fermín De la Hoz, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, ha señalado que este es un paso importante en la lucha contra el robo de energía en la región, en colaboración con las autoridades.

«Estos usuarios corren el riesgo de ser condenados con todo el peso de la ley por robo de energía», afirmó.

 

De la Hoz agregó que se espera que estas acciones ejemplares contribuyan a reducir estas conductas delictivas, disminuyendo así los daños económicos ocasionados a la población. Además, se busca que otros usuarios en condiciones similares desistan de este comportamiento para evitar las penas de cárcel que establece este delito.

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