En operativos se encontró que 13.436 usuarios estaban conectados de manera
antitécnica a las redes eléctricas y no estaban registrados en el sistema
comercial de la compañía.
Santo Tomás, Tubará, Sabanagrande y Zona Bananera, las poblaciones
identificadas con mayor número de transformadores ilegales.
Un total de 418 transformadores instalados ilegalmente fueron detectados por parte de personal especializado de Air-e intervenida en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en 2024.
Estos equipos fueron colocados sin autorización de la compañía para alimentar
clientes residenciales, comerciales e industriales, ocasionando pérdidas económicas
por $8.590 millones al año, lo que representó $715 millones mensuales y más de
$23 millones diarios.
Adicionalmente, esta práctica ilegal pone en riesgo la prestación del servicio de
energía y la seguridad de los clientes que reciben el servicio desde estos equipos
que no estaban registrados en la empresa.
Del total de los 418 transformadores instalados ilegalmente, en los últimos cuatro
meses de 2024 fueron detectados 210, lo que refleja la grave problemática de
personas que insisten en manipular la red eléctrica para evadir el pago real del
servicio de energía.
Cabe mencionar que, con la energía hurtada, que correspondía a 9.8 Gigavatios
hora/mes, podría suministrársele electricidad a 3.288 familias de estratos 1 y 2 en
una ciudad como Barranquilla.
De acuerdo con los ingenieros encargados de detectar transformadores ilegales, los
municipios de Santo Tomás, Tubará y Sabanagrande (Atlántico), y Zona Bananera
(Magdalena) son las poblaciones con el mayor número de hallazgos. Dentro de las
revisiones se logró determinar que estos equipos no cumplían con las normas
técnicas y, además, carecían del certificado RETIE (Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas), lo que representaba un grave riesgo para las
comunidades.
Dentro de las acciones adelantadas se encontró también que 13.436 usuarios
accedían al servicio de energía en forma “pirata”, es decir, se conectaban a la red
directamente sin tener contrato, lo que implica que no recibían la factura en sus
casas o establecimientos comerciales.
